Falsabilidad y discurso político: una prueba pública a los primeros siete meses del gobierno de Kast

Qué significa que una afirmación sea falsable

En 1934, el filósofo Karl Popper propuso un criterio para distinguir las afirmaciones que aportan conocimiento sobre el mundo de aquellas que no lo hacen. Lo llamó falsabilidad: una afirmación es falsable cuando prohíbe que ocurran ciertas cosas, de modo que, si esas cosas ocurren, la afirmación queda refutada (Popper, 1959).

Un ejemplo cotidiano permite verlo con claridad. La frase «mañana lloverá en Santiago» es falsable, porque prohíbe un día seco: si mañana no llueve, la frase era falsa. La frase «mañana puede que llueva o puede que no» es infalsable, porque ningún clima posible la contradice. La segunda frase nunca falla, y por esa misma razón no informa nada. La primera se arriesga y, al arriesgarse, dice algo sobre el mundo.

De aquí se desprenden tres ideas que conviene fijar desde el inicio. La primera es que falsable y falso son cosas distintas: una afirmación falsable puede resultar verdadera, y su mérito consiste en que se expone a la prueba. La segunda es que una afirmación tiene más contenido cuanto más observaciones prohíbe: «la economía crecerá» dice poco; «la economía crecerá 3,3% en 2027» dice mucho, porque prohíbe cualquier otro resultado. La tercera es una asimetría lógica que Popper volvió célebre: mil cisnes blancos no prueban que todos los cisnes sean blancos, pero un solo cisne negro basta para refutarlo. Las confirmaciones se acumulan sin cerrar la cuestión; una refutación bien establecida la cierra.

El discurso político también formula afirmaciones de este tipo. Cuando un candidato promete un resultado con monto, plazo y responsable, su promesa es falsable: se puede comprobar si ocurrió. Cuando promete «ordenar la casa» o «devolverle la esperanza al país», su afirmación queda fuera de toda prueba, porque ningún hecho la contradice. Una democracia que quiere evaluar a sus gobernantes necesita del primer tipo de afirmación y debe desconfiar del segundo.

Aplicar este criterio a la política exige dos precauciones. La economía y la sociedad dependen de muchas causas a la vez, de modo que un resultado adverso puede deberse a factores que ningún gobierno controla. Por eso, en las ciencias sociales la contrastación es probabilística y el análisis debe separar lo que una autoridad decidió de lo que ocurrió por causas externas. Además, Imre Lakatos mostró que las teorías se defienden de las refutaciones agregando hipótesis auxiliares, algunas legítimas y otras destinadas solo a salvar la teoría (Lakatos, 1970). Para no caer en ese juego, este artículo declara en cada caso, antes de mirar los datos, qué observación contaría como refutación. El mismo criterio sirve para evaluar a cualquier gobierno, de cualquier signo.

Cuatro destinos de una afirmación pública

Una vez que una afirmación política se somete a la prueba de los hechos, puede terminar en cuatro lugares distintos. Este artículo clasifica cada caso en uno de ellos.

Corroborada. La afirmación enfrentó una prueba y la superó. Popper prefirió hablar de corroboración en lugar de confirmación, porque lo que supera una prueba se acepta de forma provisional y puede caer ante una prueba posterior (Popper, 1959). La corroboración exige además una distinción fina: que se cumpla una predicción no prueba la explicación que la acompaña. Un ejemplo de este mismo gobierno lo ilustra. Hacienda proyecta cerrar 2026 con un déficit estructural de 2,3% del PIB, menor a la meta de 2,6% (Dirección de Presupuestos, 2026). Si la cifra se confirma, la predicción quedará corroborada. La agencia Fitch, sin embargo, atribuye la mejora fiscal en gran medida a los altos precios del cobre y del litio (Diario Financiero, 2026). En ese caso habría acertado el pronóstico, y la teoría de que el ajuste del gobierno produjo el resultado seguiría sin prueba.

Refutada. La afirmación prohibía ciertos hechos y esos hechos ocurrieron, o contradice el conocimiento científico establecido. Es el destino más claro y el más incómodo para quien la formuló.

Inmunizada. Ocurre cuando, después de los hechos, quien formuló la afirmación cambia su significado, su alcance o su forma de medirla, para que los datos ya no la contradigan. Popper llamó a esta maniobra estratagema convencionalista (Popper, 1959). Un astrólogo que predice «un cambio importante en tu vida» y, frente a cualquier resultado, encuentra el cambio que buscaba, practica la inmunización: su predicción se vuelve inmune porque dejó de prohibir algo. En política, la inmunización es un recurso característico del discurso populista. Permite sostener afirmaciones que no pueden comprobarse, porque cada vez que los hechos las contradicen se redefine qué habría contado como prueba, y así la comprobación se vuelve cada vez más difícil. El vínculo con el votante deja de apoyarse en resultados verificables y pasa a apoyarse en la identificación con quien habla.

Pendiente. La afirmación todavía no puede contrastarse, porque el hecho que la decidirá aún no ocurre. Para estos casos, la honestidad intelectual exige declarar de antemano qué resultado la refutaría, de modo que nadie pueda mover la meta cuando lleguen los datos.

Los casos que siguen recorren estos cuatro destinos en el orden en que aparecieron en el debate público.

La promesa de los US$6.000 millones y el criterio que fijó el propio Presidente

La promesa económica central de la campaña de José Antonio Kast fue recortar US$6.000 millones del gasto público en 18 meses sin afectar los beneficios sociales (Andina, 2026). Desde el punto de vista epistemológico, se trataba de una afirmación de alto contenido: tenía monto, plazo, responsable y una condición adicional sobre qué gasto quedaba protegido. Prohibía muchas observaciones posibles y, por eso, era muy fácil de poner a prueba.

El 24 de septiembre de 2025, en el ciclo de seminarios presidenciales de Clapes UC, la periodista Soledad Onetto le preguntó si prometer ese recorte en 18 meses no era una mentira. Kast respondió: «Me podrán juzgar a los 18 meses y ahí pídanme el cargo». Agregó que lo juzgarían la ciudadanía y los parlamentarios, y que la mitad del ajuste se haría por vía administrativa y la otra mitad mediante leyes (La Tercera, 2025a). Con esa respuesta, el candidato hizo algo poco común en la política: fijó él mismo el criterio de refutación de su promesa y la sanción asociada. Contado desde el 11 de marzo de 2026, el plazo vence el 11 de septiembre de 2027.

La factibilidad del recorte ya estaba en duda antes de la elección. En agosto de 2025, Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos y académico de la Universidad de los Andes, un economista ajeno a la izquierda, sostuvo que un ajuste de esa magnitud solo era posible con cambios legales de economía política compleja, y advirtió que una promesa que no explica dónde se ajustará ni qué programas se cerrarán podría llevar a que «algunos podrían tildarlo de una propuesta populista». Los economistas consultados coincidían en que el ajuste era poco factible en ese plazo (La Tercera, 2025b).

Ya en el gobierno, el Presidente reiteró la meta en su primera Cuenta Pública, en junio de 2026, y reconoció que el ajuste causaría «dolor». En ese periodo, Salud sufrió una reducción de US$462 millones (La República, 2026), un dato que ya tensiona la segunda mitad de la promesa, la protección del gasto social. El proyecto de Presupuesto 2027 crece 1,5% respecto del gasto ejecutado en 2026 y 2,7% respecto de la ley aprobada para ese año. El aumento equivale a unos US$1.433 millones, de los cuales Seguridad y Empleo y Reconstrucción explican el 99% (El Dínamo, 2026c). Con esa base, los US$6.000 millones prometidos equivalen a algo más del 6% del gasto del gobierno central. El exministro Nicolás Grau sostiene que el ahorro de 2026 se concentró en la inversión pública, que cayó más de 20% entre enero y agosto (La Tercera, 2026c).

Frente a esa trayectoria, Hacienda precisó que los US$6.000 millones corresponden a un «ahorro proyectado» y no a una reducción del gasto actual (El Dínamo, 2026a). Este es un caso de manual de inmunización. La promesa original prohibía una observación concreta: que el gasto no bajara en US$6.000 millones. La nueva definición mide el ahorro contra una proyección de cuánto se habría gastado, una cifra hipotética que el propio gobierno construye. La promesa se mantiene en pie, pero cambió la observación que podría refutarla. Un presupuesto que crece sobre lo ejecutado no puede mostrar una reducción de US$6.000 millones respecto del año anterior; solo puede mostrarla respecto de un escenario imaginado.

Uno podría pensar que, si al vencer el plazo la ejecución presupuestaria no muestra el ajuste prometido, el propio criterio del Presidente obligaría a sus parlamentarios a pedirle el cargo. Y uno podría preguntarse si la temprana apertura de la carrera presidencial para 2029 responde en parte a la anticipación de ese escenario. A siete meses del inicio del gobierno, Panel Ciudadano UDD ya midió intención de voto para 2029 (Pauta, 2026), la expresidenta Michelle Bachelet respondió «yo creo que sí» ante la posibilidad de una tercera candidatura y el expresidente Gabriel Boric ha deslizado su disposición a volver a competir (Ex-Ante, 2026). Esta relación es una especulación, y tiene explicaciones alternativas, como la reciente derrota de Bachelet en su postulación a la Secretaría General de la ONU. Lo que sí está fuera de especulación es la fecha del examen: el 11 de septiembre de 2027, la ejecución presupuestaria mostrará si el gasto bajó o no en la magnitud prometida.

La tesis del crecimiento por rebaja de impuestos ante la evidencia comparada

La Ley de Reconstrucción, conocida como megarreforma, fue promulgada el 9 de octubre de 2026. Su medida principal rebaja el impuesto corporativo de 27% a 23% a partir de 2027 (Emol, 2026a). La tesis que la sostiene puede enunciarse en simple: si las empresas y las personas de mayores ingresos pagan menos impuestos, invertirán más; esa inversión creará empleo y elevará los salarios, y el crecimiento resultante compensará la recaudación perdida. Sus críticos la llaman teoría del chorreo, como hizo el economista Gonzalo Durán (Radio Universidad de Chile, 2026). Cuando el diputado Daniel Manouchehri usó esa etiqueta en la Cámara, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió que el diputado insistía en una «teoría fracasada», en referencia a la idea de que los países crecen con gasto público (La Tercera, 2026a; Emol, 2026b). Este artículo evalúa la tesis en la formulación que le dan sus defensores: crecimiento por inversión.

Esa tesis es falsable, porque prohíbe un resultado preciso: que tras la rebaja de impuestos la inversión, el empleo y el crecimiento no aumenten de manera significativa. Y ha sido puesta a prueba muchas veces. El estudio más amplio disponible, de David Hope y Julian Limberg, analizó cincuenta años de reformas que redujeron fuertemente los impuestos a los ricos en 18 países de la OCDE. Encontró que esas rebajas aumentaron la desigualdad de ingresos en el corto y mediano plazo y que no tuvieron efectos significativos sobre el crecimiento ni sobre el desempleo (Hope y Limberg, 2022). El mismo trabajo se apoya en un análisis de control sintético, una técnica que compara a un país con una versión estadística de sí mismo que no aplicó la reforma, para las rebajas de tasas máximas en Australia, Nueva Zelanda y Noruega: los ingresos de los más ricos crecieron con fuerza y el crecimiento económico no mostró diferencias significativas. Ni siquiera el caso australiano, citado con frecuencia y sin pudor como ejemplo de éxito, corrobora la tesis.

En Chile, la prueba tiene fecha. El Consejo Fiscal Autónomo advirtió que la reforma generaría déficit al menos hasta 2031, incluso considerando el mayor crecimiento que promete (T13, 2026a). El economista Guillermo Larraín, de la Universidad de Chile, sostiene que el gobierno agregó a la rebaja del impuesto corporativo otros beneficios tributarios de costo fiscal inmediato y efecto dudoso sobre el crecimiento, y que su éxito en 2027 depende de una fuerte recuperación de la inversión privada (Larraín, 2026). Hacienda, por su parte, proyecta que la economía crecerá 3,3% en 2027, impulsada por la inversión (Emol, 2026h; Dirección de Presupuestos, 2026).

Esa proyección convierte la tesis en una predicción contrastable, y el Laboratorio declara hoy su criterio. Si el crecimiento de 2027 queda claramente bajo el 3,3% proyectado y la inversión no muestra el salto anunciado, sin que medie un shock externo documentado (una caída fuerte del precio del cobre o una recesión internacional), la versión chilena de la tesis quedará refutada. Si ambas cifras se cumplen, la predicción quedará corroborada, y aun así habrá que distinguir el efecto de la rebaja tributaria del efecto del precio de los metales.

La trayectoria de las metas del propio gobierno ofrece otra lección. En campaña, la promesa fue crecer 4% al final del mandato. En junio de 2026, Quiroz fijó en 3,5% el crecimiento de 2030 para el cálculo de las metas fiscales y declaró, al mismo tiempo, que la expectativa seguía siendo 4%. Ese mismo mes, el gobierno reemplazó la meta de equilibrio estructural en 2030 por un déficit de 1,5% del PIB (CNN Chile, 2026b; El Dínamo, 2026e). Mantener dos cifras a la vez, una para medir y otra para aspirar, permite que la cifra aspiracional nunca se pruebe: si no se alcanza, se recuerda que la meta oficial era otra.

Actividad, desempleo y recesión técnica: lo que se predijo y lo que ocurrió

El gobierno asumió el 11 de marzo de 2026 con una economía que se contraía, pero cuya contracción se estaba moderando. El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec), que compara cada mes con el mismo mes del año anterior, marcó menos 0,5% en enero, menos 0,3% en febrero y menos 0,1% en marzo (Mala Espina, 2026a). En marzo, además, la serie desestacionalizada, que elimina los efectos del calendario, creció 0,3% respecto del mes anterior (La Tercera, 2026b). La tendencia de esos tres meses apuntaba hacia la recuperación.

Dos decisiones del nuevo gobierno marcaron las semanas siguientes. El 12 de marzo, el Presidente ordenó recortar 3% del gasto de todos los ministerios (Andina, 2026), una medida que el economista Guillermo Larraín ha calificado de contractiva para la economía (El Mostrador, 2026a). El 23 de marzo, Hacienda modificó por vía administrativa el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) (Cámara de Diputadas y Diputados, 2026), en medio de un alza internacional del petróleo por la guerra en Medio Oriente. Desde el 26 de marzo, la gasolina subió más de $370 por litro y el diésel más de $580 (Reporte Minero, 2026), el mayor aumento en 46 años según El Mercurio (2026). El diésel, que mueve el transporte de carga, la pesca, la acuicultura y buena parte de la industria, subió 45,7% en abril (Buk, 2026a) y acumuló $309 adicionales tras cuatro alzas consecutivas hasta el 1 de octubre (El Desconcierto, 2026b). El shock petrolero era externo; la decisión de traspasarlo de golpe a los precios fue del gobierno.

Después de esas decisiones, la contracción se profundizó: el Imacec marcó menos 1,2% en abril y menos 0,9% en mayo, repuntó 2,4% en junio y volvió a caer en julio (menos 1,5%) y en agosto (Forbes Chile, 2026; Diario Estrategia, 2026; Redimin, 2026). Uno podría pensar que el alza abrupta de los combustibles y el recorte del gasto contribuyeron a debilitar la demanda interna. La hipótesis es plausible y debe exponerse junto con la evidencia que la limita: la caída anual del producto se explica sobre todo por un shock de oferta en la minería del cobre. El PIB sin minería creció 0,2% en el primer trimestre y 0,8% en el segundo, mientras el estancamiento trimestral del segundo trimestre refleja también una pérdida de dinamismo de la demanda interna (Diario Estrategia, 2026). El dato que decidirá la cuestión es la descomposición de la demanda que publique el Banco Central y la evolución del PIB no minero en el tercer trimestre.

En este punto aparece una predicción oficial con autor y fecha. A comienzos de agosto, tras el Imacec de junio, el ministro Quiroz sostuvo que las cifras alejaban el temor de una recesión técnica y anticipó un segundo semestre más dinámico (El Periodista, 2026a). Los datos publicados desde entonces contradicen esa predicción. El PIB del segundo trimestre cayó 0,2% anual, julio y agosto registraron contracción, la desocupación llegó a 9,6% en el trimestre junio a agosto, la más alta desde mayo de 2021 (Buk, 2026b), y la inflación terminaría el año cerca de 5%, su nivel más alto en cuatro años (El Mostrador, 2026c). El propio gobierno respondió con un plan de US$1.350 millones para crear más de 100.000 empleos (El Mostrador, 2026c) y redujo su proyección de crecimiento para 2026 a 0,7% (Emol, 2026h), en línea con el rango de 0,25% a 0,75% del Banco Central (Redimin, 2026).

¿Está Chile en recesión técnica? La respuesta depende del criterio, y conviene explicarlo. La regla convencional exige dos trimestres seguidos en que el PIB desestacionalizado caiga respecto del trimestre anterior. Una variante usada por algunos analistas exige dos trimestres seguidos con caída respecto del mismo trimestre del año anterior (Mala Espina, 2026b). El PIB desestacionalizado cayó 0,3% en el primer trimestre y varió 0,0% en el segundo; en comparación anual cayó 0,3% y 0,2% (El Periodista, 2026a). Bajo la variante anual, Chile ya está en recesión técnica. Bajo la regla convencional le falta una segunda caída: el segundo trimestre se mantuvo plano, de modo que la condición se cumpliría si el PIB desestacionalizado cae en dos trimestres consecutivos a partir del tercero. Las Cuentas Nacionales del tercer trimestre, que el Banco Central publica a mediados de noviembre, serán la siguiente prueba pública de la predicción del ministro.

Del «Estado en quiebra» a «Chile está de vuelta»: el relato según el auditorio

El 24 de marzo de 2026, las cuentas oficiales del Gobierno publicaron un mensaje para explicar por qué no se bajaba el precio de la bencina con el Mepco. Sostenía que la administración anterior había dejado al Estado en la quiebra, endeudado en más de US$49.000 millones y con la caja vacía. La afirmación era falsable en sentido estricto. Un Estado en quiebra es uno que declara que no puede cumplir sus obligaciones financieras, y Chile seguía pagándolas. Ese mismo día, el ministro de Hacienda la refutó desde dentro del propio gobierno: «Jamás ocuparía una palabra como esa», dijo Quiroz, y describió la situación como un deterioro fiscal (CNN Chile, 2026a). La publicación fue eliminada en menos de 24 horas (Página 7, 2026). Fitch mantiene hoy la calificación de Chile en A- con perspectiva estable (Diario Financiero, 2026), un dato incompatible con una quiebra.

El episodio dejó además una disputa numérica abierta. Quiroz informó ante el Congreso que la caja fiscal alcanzaba US$46 millones en diciembre de 2025 (Emol, 2026h), mientras el exministro Grau sostiene que el gobierno anterior entregó una caja de US$1.406 millones (Página 7, 2026). Ambas cifras son contrastables con los registros de la Tesorería y la Dirección de Presupuestos, y la diferencia puede depender de la fecha de corte de cada una. Lo que un debate público serio requiere es que ambas partes publiquen la fecha y la fuente de su número.

Seis meses después, el 22 de septiembre, el Presidente habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Describió el estallido social de 2019 como el momento en que Chile se quebró, afirmó que la violencia homicida había alcanzado niveles desconocidos en la historia moderna del país y sostuvo que en 2026 Chile superó ese quiebre, con menos homicidios, más control de fronteras y reformas económicas. Su lema fue «Chile está de vuelta», e invitó a los inversionistas a elegir el país (El Mostrador, 2026b; El Clarín, 2026; El Dínamo, 2026d). Parlamentarios de oposición, incluidos algunos que acompañaron al Presidente, criticaron que llevara la disputa política interna a la principal tribuna multilateral (El Clarín, 2026).

Puestas una junto a la otra, las dos afirmaciones dibujan un relato con dos auditorios. Ante la ciudadanía, en marzo, el país estaba quebrado y la culpa era de la herencia; ante los inversionistas, en septiembre, el país había vuelto gracias al nuevo gobierno. Un relato que cambia de dirección según quién escucha resulta difícil de refutar, porque cada versión se protege con la otra: los malos datos se explican por la herencia y los buenos se atribuyen a la gestión. Sin embargo, la frase «Chile está de vuelta» es una afirmación falsable, porque prohíbe observar un país que retrocede. Los datos de actividad y empleo de la sección anterior la contradicen en el plano económico. Las cifras de homicidios y control fronterizo presentadas en la ONU pueden contrastarse con los registros oficiales de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Servicio Nacional de Migraciones, y el Laboratorio las someterá a esa prueba.

Seguridad: la promesa central y el plan de agosto

La seguridad fue el eje programático de las campañas presidenciales de José Antonio Kast y el fundamento de la idea de un gobierno de emergencia. Una promesa de ese tipo contiene una afirmación implícita que puede ponerse a prueba: que existe un plan elaborado y listo para aplicarse desde el primer día. La observación que la refutaría es simple, un gobierno que asume y no tiene plan propio.

Los hechos de los primeros meses permiten contrastarla. El 15 de mayo, la ministra Steinert declaró que no esperaba la exigencia de presentar un plan de seguridad estructurado, y luego dejó el cargo (Emol, 2026c). El 25 de mayo, el ministro Arrau afirmó que el gobierno trabajaría bajo la Política Nacional de Seguridad Pública promulgada por el gobierno anterior (Cooperativa, 2026). Es decir, durante sus primeros meses el gobierno que prometió la emergencia en seguridad operó con la política de su antecesor. A fines de mayo, el 45% de los encuestados por Criteria creía que el gobierno no tenía plan y estaba improvisando (El Dínamo, 2026b). El plan propio llegó el 5 de agosto, cuando el Presidente anunció en cadena nacional una agenda contra el crimen organizado con 30 proyectos de ley y una reforma constitucional (24horas.cl, 2026a).

La afirmación implícita de la campaña quedó refutada: el gobierno asumió sin un plan propio y tardó cinco meses en presentarlo. A partir de esos hechos, el Laboratorio sostiene una interpretación, que se ofrece como tal: durante los años de campaña, la seguridad funcionó primero como relato y espectáculo, y solo después, ya en el gobierno, empezó a elaborarse como política pública.

El criterio exige registrar también la evidencia favorable al gobierno. En agosto, el 93% de los encuestados por Cadem declaró estar de acuerdo con la Operación Cancerbero, y la aprobación presidencial subió a 41% (Emol, 2026d). El apoyo ciudadano a una medida es distinto de su eficacia, y la Operación Cancerbero permite examinar con precisión esa diferencia.

El 13 de agosto, Gendarmería trasladó en un solo día 687 internos al Complejo Penitenciario La Laguna, en Talca. Entre ellos había 37 integrantes de organizaciones criminales, nueve identificados como líderes, que quedaron en régimen de máxima seguridad (La Tercera, 2026d). La Presidencia transmitió el operativo en vivo durante más de tres horas, con más de 50 vehículos y helicópteros, y el Presidente y sus ministros vistieron chaquetas de Gendarmería ante las cámaras (La Tercera, 2026e). El recinto había sido inaugurado en enero de 2025 por el gobierno anterior, funcionaba de manera parcial desde abril de ese año y ya albergaba a poco más de 400 internos en sus 2.320 plazas, trasladados sin transmisiones ni un despliegue comparable (La Tercera, 2026d; 24horas.cl, 2026b). El diputado socialista Raúl Leiva, que dijo compartir la medida, vio en la transmisión una señal de «bukelización» del gobierno (Emol, 2026i).

Aislar a los líderes de organizaciones criminales y cortar su comunicación con el exterior es una medida con respaldo en la experiencia comparada, como el régimen italiano conocido como 41 bis. La pregunta epistemológica se dirige al espectáculo que la acompañó, y la criminología ofrece herramientas para responderla. La investigación sobre disuasión muestra que el delito responde sobre todo a la certeza de ser detenido y sancionado, y mucho menos a la severidad o a la visibilidad del castigo (Nagin, 2013). De ahí se sigue un razonamiento lógico sencillo: trasladar a personas que ya están presas no cambia la probabilidad de que quien delinque fuera de la cárcel sea detenido, de modo que transmitir el traslado no agrega un efecto disuasivo identificable. El efecto real de la medida depende del aislamiento efectivo de los líderes, una tarea operativa que se ejecuta mejor con reserva, porque exponer en directo los movimientos de internos de alta peligrosidad expone también a los funcionarios y entrega información a las propias organizaciones criminales. Los estudios sobre pandillas carcelarias en América Latina muestran, además, que estas organizaciones proyectan su poder hacia fuera de la cárcel y que un castigo mal diseñado puede fortalecerlas (Lessing, 2017). La investigación sobre las políticas de mano dura en El Salvador documentó que su adopción respondió en buena medida a cálculos electorales (Holland, 2013), y la criminología llama populismo penal al uso del castigo como un mensaje dirigido a la opinión pública, con independencia de su efecto sobre el delito (Pratt, 2007).

La evidencia permite sostener que la dimensión espectacular del operativo no agrega eficacia a la medida y que su dimensión operativa no necesitaba espectáculo. La afirmación de que el plan reduce el crimen es falsable y queda pendiente: la decidirán las cifras oficiales de homicidios y delitos violentos de los próximos trimestres, comparadas con su tendencia previa.

Ambiente: una afirmación contra el consenso científico

El 26 de septiembre de 2025, en el Encuentro Empresarial del Sur realizado en Valdivia, el entonces candidato propuso decir «chao guías ambientales». Sostuvo que esas guías las inventa el burócrata de la zona para proteger arañitas o pajaritos, y que él no tenía problema con cuidar la naturaleza con reglas claras, tiempos acotados y sin ideología (El Ciudadano, 2026b; Santander Faúndez, 2026). Durante la campaña, la prensa advirtió que el programa de Kast apenas mencionaba el cambio climático, que el candidato evitaba referirse a él y que voceros de su sector ponían en duda el consenso científico sobre su origen humano (El Desconcierto, 2025). En agosto de 2025, el abogado especialista en derecho ambiental Jorge Cash sostuvo que la propuesta de Kast representaba el escepticismo climático y el rechazo a los grandes acuerdos internacionales (El Mostrador, 2025a). Ya en el gobierno, la prensa volvió a constatar que la crisis climática había estado ausente del programa presidencial (El Ciudadano, 2026a).

Ya en el gobierno, el 12 de marzo, el Ministerio del Medio Ambiente retiró 43 decretos que esperaban su trámite en Contraloría, entre ellos el plan de conservación de la ranita de Darwin, el monumento natural del pingüino de Humboldt, una norma de emisiones para centrales termoeléctricas y el plan de descontaminación del lago Villarrica (El Desconcierto, 2026a). Investigadores advirtieron en una carta publicada en la revista Science que siete de esos decretos se vinculan con la Ley Marco de Cambio Climático (Radio Mía FM, 2026). Parte de ellos fue reingresada después.

En mayo apareció la afirmación más nítida de este caso. La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, sostuvo en televisión que existe «divergencia» sobre la responsabilidad humana en el cambio climático. Climatólogos y autores del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) la desmintieron, y la ministra terminó reconociendo el aporte humano (Santander Faúndez, 2026). La afirmación era falsable y estaba refutada antes de pronunciarse: el origen humano del calentamiento es la conclusión establecida de la ciencia del clima, y la propia Ley Marco de Cambio Climático chilena lo reconoce. En la primera Cuenta Pública del Presidente, el cambio climático estuvo ausente (Santander Faúndez, 2026). El proyecto de Presupuesto 2027 reduce en 59,1% la línea de Cambio Climático y NDC (la Contribución Determinada a Nivel Nacional comprometida ante Naciones Unidas), de $717 millones a $293 millones, y deja sin fondos específicos la implementación del Acuerdo de Escazú (Santander Faúndez, 2026).

En octubre, Santiago tuvo el mes de octubre más lluvioso de su serie histórica, y el día 8 un aluvión bajó por la quebrada de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes. El Presidente decretó zona de catástrofe y hubo seis heridos (Infobae, 2026). Investigadores del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) lo describieron como un evento extremo compuesto, en el que se combinaron sequía, un incendio forestal en la cuenca y lluvia intensa en un año de El Niño extraordinario (Santander Faúndez, 2026). A mediados de año, otro sistema frontal había dejado al menos 15 fallecidos y más de 3.000 damnificados (Infobae, 2026). La exministra Carolina Tohá advirtió entonces al gobierno que no era momento para el negacionismo climático (El Mostrador, 2026d).

El mismo día del aluvión, el líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, llamó «giles» a quienes atribuyen al cambio climático tanto la sequía como el exceso de lluvia, y sostuvo que el clima ha cambiado desde siempre (El Periodista, 2026b). Su objeción merece una respuesta epistemológica, porque plantea una pregunta legítima: una teoría que explica la sequía y también la inundación, ¿no es una teoría que lo explica todo y, por lo tanto, infalsable? La respuesta es negativa, y explica bien la diferencia entre ciencia y consigna. La ciencia del clima predice, con cifras y por regiones, que el calentamiento intensifica tanto las precipitaciones extremas como las sequías, con frecuencias que pueden medirse (El Periodista, 2026b). Esa predicción prohíbe observaciones concretas: una disminución sostenida de los eventos extremos en las regiones donde se predice su aumento la refutaría. Por la misma razón, la ciencia no atribuye un evento aislado al cambio climático sin un estudio de atribución, y por eso este artículo tampoco lo hace con el aluvión de Las Condes. Lo que sí puede afirmarse es que un gobierno que recorta su presupuesto climático en el año de mayor exposición a eventos extremos formula, en los hechos, una apuesta contra la evidencia disponible.

Simulacro de rebeldía, hegemonía y desafección

Los casos anteriores comparten un patrón, y el Laboratorio propone una interpretación para explicarlo. Esta sección presenta esa interpretación como tesis, sustentada en la evidencia ya expuesta.

El punto de partida es el concepto de hegemonía de Antonio Gramsci. Un grupo es hegemónico cuando logra que su visión del mundo se viva como sentido común, es decir, como lo obvio, lo que no necesita demostrarse (Gramsci, 1975). Ganar elecciones exige, cada vez más, disputar ese sentido común. El periodista e historiador Pablo Stefanoni mostró que las nuevas derechas radicales aprendieron a disputarlo presentándose como rebeldes frente a lo que describen como una hegemonía cultural progresista: lo transgresor, lo incorrecto y lo antisistema pasaron a ocupar su repertorio (Stefanoni, 2021).

El Laboratorio llama a ese fenómeno simulacro de rebeldía. El concepto toma la tesis de Stefanoni y la lee con la teoría del espectáculo. Guy Debord describió una sociedad en la que la representación desplaza a la experiencia vivida (Debord, 1967), y Jean Baudrillard llamó simulacro a la copia que ya no remite a ningún original (Baudrillard, 1981). Un simulacro de rebeldía es una postura de ruptura producida como representación, con consignas, enemigos y gestos de transgresión. No resiste la exigencia de gobernar con datos, y tampoco se rebela de manera efectiva contra el orden establecido: toma los símbolos de la rebelión para simularla.

Para entender a quién se dirige ese simulacro conviene describir antes el malestar que lo hizo posible, un fenómeno que la sociología chilena documentó con detalle antes y después del estallido de 2019. Kathya Araujo y Danilo Martuccelli mostraron cómo los individuos enfrentan en solitario las exigencias de la modernización chilena y cómo esa experiencia erosiona su confianza en las instituciones (Araujo y Martuccelli, 2012). Araujo describió más tarde ese proceso como un circuito del desapego, un distanciamiento selectivo de los individuos respecto de las normas e instituciones que ordenan la vida en común (El Mostrador, 2025b). Alberto Mayol leyó el mismo malestar como síntoma de la crisis del modelo económico (Mayol, 2012), mientras Carlos Peña lo atribuyó a las tensiones y expectativas propias de la modernización (Peña, 2020). Con diagnósticos distintos sobre sus causas, estos autores coinciden en describir una ciudadanía distante de las instituciones y de la política, un fenómeno que la ciencia política comparada estudia bajo el concepto de desafección política (Torcal y Montero, 2006).

Sobre esa base, la tesis del Laboratorio es la siguiente. La necesidad de construir hegemonía llevó a la nueva derecha radical chilena a buscar conexión con esas masas desafectadas mediante el simulacro de rebeldía antiprogresista: contra la «ideología» ambiental, contra el gasto «político», contra la herencia. Un proyecto hegemónico, sin embargo, requiere profundidad programática y capital intelectual y valórico capaz de sostener una visión del mundo cuando llega la hora de gobernar. Los casos de este artículo sugieren que ese capital era escaso. La conexión se construyó sobre afirmaciones que, en términos epistémicos, hoy están públicamente refutadas: un recorte que pasó a ser «proyectado», un plan de seguridad que no existía al asumir, una quiebra que el propio ministro de Hacienda desmintió, una «divergencia» científica inexistente.

Un indicio adicional proviene del propio sector. Según reporta El Líbero, en La Moneda preocupa no haber logrado sumar a líderes de opinión e intelectuales de la derecha, y figuras como el exministro de Hacienda Ignacio Briones han mantenido un cuestionamiento constante a la gestión financiera del gobierno (El Líbero, 2026). Cuando un proyecto no logra convencer a los intelectuales de su propio campo, su hegemonía descansa sobre el espectáculo.

Con el cambio de gobierno, la desafección cambió de destinatario. Entre abril y mayo, a menos de tres meses de asumir, el 67% de los encuestados por el CEP tenía poca o ninguna confianza en que el gobierno cumpliera sus promesas de campaña (BioBioChile, 2026). En octubre, el 57% de quienes votaron por Kast en primera vuelta declaraba que el gobierno no había cumplido sus expectativas (Radio Agricultura, 2026). Esta evidencia interpela también a los partidos de la oposición y del centro. La distancia entre la política partidaria y la producción académica, que la izquierda suele dar por resuelta porque presume a la academia como aliada, deja el terreno libre para que la consigna ocupe el lugar del argumento. Un partido que formula sus promesas como predicciones verificables, con datos y criterios de refutación, compite en un terreno donde el simulacro tiene desventaja.

Conclusión: la verificación pública como criterio

El criterio de falsabilidad, aplicado a los primeros siete meses del gobierno de José Antonio Kast, entrega un resultado claro. La supuesta divergencia científica sobre la responsabilidad humana en el cambio climático, la quiebra del Estado y la existencia de un plan de seguridad listo para aplicarse quedaron refutadas por la ciencia, por los datos o por el propio gobierno. La promesa de recortar US$6.000 millones fue inmunizada al redefinirse como ahorro proyectado. La predicción de un segundo semestre más dinámico está contradicha por los datos publicados hasta octubre. Y la tesis económica de fondo, la del crecimiento por rebaja de impuestos, llega a Chile después de haber fallado en otros países, con una fecha de examen propia.

Este resultado se obtiene con un procedimiento que cualquier ciudadano puede repetir, al margen de su preferencia ideológica: tomar una afirmación, preguntar qué hecho la contradiría y buscar ese hecho. El mismo procedimiento sirve para evaluar a un gobierno de izquierda, de centro o de derecha, y el Laboratorio lo aplicará con igual rigor a todos ellos.

La superación de la desafección exige que los partidos formulen sus programas como predicciones explícitas, con montos, plazos y criterios de refutación declarados de antemano. Un programa así se expone a fallar, y en esa exposición está su valor: le permite a la ciudadanía evaluar a sus representantes por lo que efectivamente ocurre. Para predicarlo con el ejemplo, el Laboratorio deja registradas las próximas pruebas públicas de este gobierno:

1. Mediados de noviembre de 2026: las Cuentas Nacionales del tercer trimestre contrastarán la predicción de un segundo semestre más dinámico y mostrarán si la economía se acerca a la recesión técnica bajo la regla convencional.
2. Cada trimestre: las cifras oficiales de homicidios y delitos violentos contrastarán la afirmación de que Chile «está de vuelta» en seguridad.
3. 11 de septiembre de 2027: la ejecución presupuestaria mostrará si el gasto bajó en US$6.000 millones respecto de una línea base declarada, en el plazo que el propio Presidente fijó.
4. Primer trimestre de 2028: el crecimiento y la inversión efectivos de 2027 se compararán con el 3,3% proyectado por Hacienda, como prueba de la tesis de crecimiento por inversión.

La epistemología aplicada al discurso político deja, por último, una herramienta al alcance de cualquier ciudadano, vote por quien vote. Antes de adherir a una afirmación política, basta con hacerle tres preguntas: quién la dijo y cuándo, qué hecho la contradiría y si ese hecho ocurrió. Este ejercicio mínimo de contraste con la realidad no exige formación especializada ni una posición ideológica determinada, y en un ciclo político marcado por la desafección y la desconfianza tiene un valor particular: permite que el desacuerdo político se apoye en hechos compartidos. Una afirmación que no resiste esas tres preguntas merece ser puesta en duda, venga de quien venga, incluido el candidato propio.

La evidencia de percepción ciudadana

Las encuestas registran cómo la ciudadanía evaluó el contraste entre lo prometido y lo observado. La tabla reúne las mediciones citadas en este artículo, con la fecha de terreno o publicación de cada una, junto con los dos indicadores económicos de referencia.

Fuente	Fecha de terreno o publicación	Aprobación	Desaprobación	Otro indicador
Criteria	11 de octubre de 2026	27%	64%	82% evalúa al gobierno bajo sus expectativas
Cadem	11 de octubre de 2026	32%	64%
Cadem	4 de octubre de 2026	32%	63%
Pulso Ciudadano	23 al 25 de septiembre de 2026	28,2%	57,6%
Cadem	16 de agosto de 2026	41%		93% de acuerdo con la Operación Cancerbero
CEP N.º 96	18 de abril al 27 de mayo de 2026	34%	52%	67% con poca o ninguna confianza en que cumpla sus promesas
Banco Central	Informe de septiembre de 2026			Crecimiento 2026 entre 0,25% y 0,75%
INE	Trimestre junio a agosto de 2026			Desocupación de 9,6%

Fuentes: Emol (2026d, 2026e, 2026f, 2026g), T13 (2026b), BioBioChile (2026), Redimin (2026) y Buk (2026b).

La serie muestra un punto alto en agosto, asociado al anuncio del plan de seguridad, y un descenso posterior que coincide con el deterioro del empleo y de la actividad.

Referencias

Cómo citar: De Las Heras, B. (2026). Falsabilidad y discurso político: una prueba pública a los primeros siete meses del gobierno de Kast. Ruta Crece: Laboratorio de Relato y Producción Narrativa. Licencia CC BY-SA 4.0.